• El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibe el Bastón de Mando de la Fuerza Armada.
Publicada: sábado, 3 de octubre de 2020 1:11

Oenegés pro derechos humanos solicitan que se investigue al presidente de El Salvador por obstruir las pesquisas de la masacre de El Mozote.

“Estamos presentando un aviso a la Fiscalía para que sea investigado penalmente el señor presidente Nayib Bukele por haber impedido una diligencia judicial al no permitir que se revisen los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada” sobre la masacre de El Mozote ocurrida en 1981 en la zona norte del departamento de Morazán, ha informado en una rueda de prensa David Morales, el abogado de la asociación Cristosal.

Morales, quien representa a los sobrevivientes de la masacre, ha indicado que la solicitud de la investigación penal también incluye al ministro de Defensa, René Francis Merino, y al coronel Carlos Vanegas, del Departamento Jurídico de esta Cartera.

Conforme al aludido representante de una de las 15 organizaciones solicitantes, que conforman la denominada Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el bloqueo a la inspección de archivos “es una clara posición política de proteger criminales de guerra (…), sin importar que cometieron delitos”, lo cual han admitido públicamente.

El pasado 21 de setiembre, el coronel Vanegas no permitió al juez Jorge Guzmán, de San Francisco Gotera (noreste), ingresar a la sede del Estado Mayor para efectuar la diligencia judicial de revisión de archivos militares que datan de la época en que aconteció la matanza de El Mozote, la peor ocurrida durante la guerra civil que desangró a El Salvador entre 1980 y 1992.

Morales ha señalado que el mandatario admitió el pasado 24 de septiembre, durante una cadena nacional de radio y televisión, que fue decisión suya no permitir la inspección judicial. Añade que los señalamientos del presidente de que, con la búsqueda de archivos de El Mozote se pretendía también tener acceso a planes militares secretos para su divulgación, son falsos.

 

Bukele aseguró en la referida cadena que “la mayoría de archivos, como ustedes esperarán y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”. Además, el mandatario presentó cinco cajas pequeñas con etiquetas de años recientes con documentos supuestamente relacionados con la matanza, los que manifestó serían entregados a la Fiscalía y al juez del proceso de El Mozote.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, las unidades elites del Ejército ejecutaron a unas 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar denominada “Tierra Arrasada”. Por esta matanza son procesados más de doce mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, los primeros de este tipo imputados en el país tras la guerra civil.

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