El enviado estadounidense Matthew Whitaker habría formulado esta exigencia a puerta cerrada en Bruselas a mediados de julio, ante los 32 embajadores de la alianza, instando a los Estados miembros a retirarse del Estatuto de Roma, según un informe publicado el miércoles por Politico.
“Estaremos observando atentamente quién se mantiene al lado de Estados Unidos”, dijo Whitaker al concluir sus declaraciones, de acuerdo con tres diplomáticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) citados por el medio.
Paralelamente a su intervención, la misión estadounidense distribuyó entre las delegaciones de la OTAN un documento en el que se afirmaba que “Estados Unidos desmantelará sistemáticamente las capacidades de la CPI” y se solicitaba firmemente a los aliados que “adopten de inmediato medidas para retirarse”.
El documento instruía a los miembros de la OTAN a considerar a la CPI una amenaza para sus gobiernos, denunciar públicamente su mandato como un “exceso de atribuciones” y poner fin sin demora a todo apoyo material al tribunal.
El texto concluía con un llamamiento a “poner fin de una vez por todas a la farsa de la CPI”, dejando al descubierto la determinación de Washington de debilitar una institución creada para procesar graves crímenes internacionales.
La campaña estadounidense se intensificó después de que el presidente Donald Trump firmara, en febrero de 2025, una orden ejecutiva que imponía el congelamiento de activos y restricciones de viaje a fiscales y jueces de la CPI que investigaban a funcionarios estadounidenses e israelíes.
Desde entonces, la administración de Trump ha intensificado su presión sobre el tribunal. En julio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña destinada a aislar y desmantelar la CPI “ladrillo a ladrillo”.
La CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de asuntos militares israelí, Yoav Gallant, el 21 de noviembre de 2024, por crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, persecución y otros actos inhumanos, así como por crímenes de guerra, entre ellos el uso de la inanición como método de guerra y la dirección intencionada de ataques contra civiles, en el contexto del genocidio perpetrado por el régimen en Gaza.
La CPI también ha investigado crímenes de guerra en los que estuvieron implicados efectivos estadounidenses en Afganistán, incluidos abusos cometidos por personal militar y de inteligencia de Estados Unidos.
La investigación sobre Afganistán fue autorizada formalmente en 2020 y abarca crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y personal de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés).
La administración Trump ha presentado este tipo de investigaciones como un ataque contra la soberanía de Estados Unidos, y Rubio afirmó que la CPI estaba “librando una guerra contra nuestro país”.
Posteriormente, Rubio declaró que Washington emprendería una “campaña de todo el Gobierno” para desmantelar la CPI y advirtió que Estados Unidos adoptaría nuevas medidas hasta que el tribunal fuera “incapaz de amenazar la soberanía estadounidense”.
La campaña ya ha tenido como objetivo a altos funcionarios de la CPI, incluido el exfiscal jefe Karim Khan, mientras que nueve de los 18 jueces del tribunal, su presidenta, Tomoko Akane, y ambos fiscales adjuntos han sido objeto de sanciones estadounidenses.
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