Estados Unidos ha impuesto sanciones esta semana a otros dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), elevando a 13 el número de juristas castigados por Washington en su creciente ofensiva contra el tribunal con sede en La Haya.
Los nuevos sancionados son la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado litigante sénior Abdoulaye Seye, de Senegal. Ambos habrían sido señalados por su papel en el avance del proceso contra funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza.
El analista Kenneth Roth, exdirector de la oenegé Human Rights Watch (HRW) e investigador en la Universidad de Yale, sostiene en un artículo publicado en The Guardian que el verdadero objetivo de Trump es garantizar la impunidad para sus aliados.
“Donald Trump y su secuaz, Marco Rubio (secretario de Estado), quieren que el mundo sea un lugar seguro para los criminales de guerra estadounidenses e israelíes”, resalta el diario británico y sentencia que “nadie debería permitírselo”.
La columna califica la campaña como “ilegal” y denuncia que las sanciones están diseñadas para inhabilitar a los funcionarios de la CPI. “Su principal efecto es privar a la persona sancionada de la capacidad de utilizar el sistema financiero internacional: sin tarjetas de crédito, sin acceso a bancos, con enormes dificultades para desenvolverse en una economía moderna”, explica.
“Esta es una herramienta que antes estaba reservada para funcionarios corruptos o violentos que, de otro modo, estarían por encima de la ley. Trump las está utilizando para atacar a los funcionarios públicos que llevarían ante la justicia a individuos tan atroces”, advierte.
The Guardian también hace referencia a una declaración del secretario de Marco Rubio, en la que justificó las medidas argumentando que la CPI representa una amenaza para la soberanía estadounidense.
Para el diario, la postura de Rubio solo es válida “si los estadounidenses (e israelíes) tienen el derecho soberano de cometer crímenes de guerra donde les plazca”. Además, recuerda que, aunque Israel no es parte de la CPI, el territorio palestino donde ocurrieron los delitos sí lo es, lo que otorga competencia al tribunal.
🇺🇳 Francesca Albanese: «Israel es el ejército más inmoral»
— HispanTV (@Nexo_Latino) August 21, 2026
🇺🇳 La relatora de la ONU denuncia nuevos ataques en Cisjordania y Gaza🇵🇸. «El ejército más inmoral vuelve a atacar», afirma Albanese, quien señala más de 1.200 muertos desde el alto el fuego, incluidos 300 niños. pic.twitter.com/EfJGnysTB1
El jefe de la diplomacia estadounidense ha prometido “desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, si es necesario”, y ha instado a “más países a unirse a nuestra campaña poniendo fin a su financiación y participación en este tribunal politizado”. No obstante, hasta el momento solo Venezuela —tras la toma del poder por parte de Trump sobre Nicolás Maduro— y Chad han anunciado su retirada, además de las juntas militares de Níger, Mali y Burkina Faso, que ya habían tomado esa decisión con anterioridad.
Finalmente, The Guardian enfatiza que las víctimas reales de estas sanciones no son los jueces afectados, sino las poblaciones civiles que ven en la CPI “uno de los pocos recursos contra líderes despiadados” que cometen atrocidades masivas. El diario concluye que Trump y Rubio pretenden “convertir el mundo en un lugar seguro para los criminales de guerra”, y llama a la comunidad internacional a no permitirlo.
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