El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones contra la presidenta del a Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, por su papel en la investigación al régimen sionista por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha incluido en su lista al senegalés Abdoulaye Seye, abogado litigante de alto rango de la CPI que ha participado en las investigaciones sobre los crímenes de Israel contra los palestinos, sin dar más detalles al respecto.
El país norteamericano ha anunciado una licencia que autoriza la liquidación de transacciones que impliquen a ambos miembros de la CPI hasta el próximo 17 de septiembre.
Estas medidas se suman a las ya adoptadas con anterioridad por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra otros ocho jueces de la CPI, así como contra su exfiscal jefe Karim Jan y otros dos fiscales adjuntos, ampliando así el alcance de la presión sobre la Corte con sede en La Haya.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha justificado la decisión al acusar a los dos últimos sancionados de haber “participado directamente en las iniciativas de la CPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios” no sometidos a la jurisdicción del Estatuto de Roma.
Aunque Estados Unidos e Israel no son partes del Estatuto de Roma, el hecho de no ser parte de este tratado no implica necesariamente que la CPI carezca de jurisdicción para investigar, en determinadas circunstancias, a sus nacionales.
El Estatuto de Roma es el tratado internacional que establece el marco jurídico de la CPI y define su jurisdicción sobre los delitos más graves, entre ellos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro israelí de asuntos militares, Yoav Gallant, a los que atribuye presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el contexto de la ofensiva militar iniciada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.
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