Cuatro organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch (HRW), han presentado una demanda ante un tribunal federal de Nueva York contra las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI). Los demandantes —HRW, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales y el Instituto para una Sociedad Abierta, perteneciente a las Fundaciones de la Sociedad Abierta— han solicitado la anulación de estas medidas.
Las organizaciones consideran que las sanciones vulneran derechos constitucionales y obstaculizan el trabajo humanitario y jurídico para llevar ante la Justicia a responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Asimismo, las han calificado de ilegales y de constituir un ataque contra el Estado de derecho, la independencia de jueces y fiscales y el acceso de las víctimas a la justicia.
Los demandantes sostienen que las sanciones financieras y legales les han obligado a reducir una amplia gama de actividades jurídicas y de derechos humanos. Según la demanda, de 101 páginas, estas medidas vulneran derechos protegidos por la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Las sanciones incluyen la congelación de activos y restricciones de viaje a Estados Unidos, y han alcanzado a ocho jueces, tres fiscales, un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tres organizaciones de derechos humanos.
La ofensiva de Washington contra la CPI se intensificó tras las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Desde entonces, la Administración Trump ha ampliado las medidas contra miembros del tribunal vinculados a investigaciones sobre presuntos crímenes en Gaza y Afganistán y ha amenazado con extenderlas si la CPI no abandona determinadas investigaciones.
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