“Parece que este gobierno no entiende lo que es la Primera Enmienda”, afirmó el juez federal William G. Young, al rechazar el viernes de manera enérgica las tácticas de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio. Young determinó que el intento de intimidar y sancionar a estudiantes y académicos activistas por Palestina constituye una violación directa de la Constitución de Estados Unidos y de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
El juez falló que académicos y estudiantes involucrados en una demanda presentada por la American Association of University Professors (AAUP) y la Middle East Studies Association (MESA) por la “conspiración inconstitucional” del gobierno de Trump para perseguirlos por su activismo pro-Palestina pueden solicitar protección inmediata si el gobierno intenta modificar su estatus migratorio.
Los grupos habían presentado la demanda en marzo, denunciando la “política de deportación ideológica” tras el arresto y el intento de deportar a Mahmud Jalil, líder del movimiento de protesta anti-Israel en la Universidad de Columbia.
El fallo se produjo tras la aparición de documentos que mostraban advertencias internas sobre la ilegalidad de perseguir acciones amparadas por discursos protegidos. Los documentos revelaron que la administración había detenido y confinado a estudiantes no ciudadanos involucrados en protestas contra la guerra en Gaza, incluso cuando no enfrentaban cargos criminales.
Young ordenó que cualquier intento de modificar el estatus migratorio de los demandantes durante el litigio se considerará una represalia política, salvo que el gobierno demuestre lo contrario, enviando así una señal clara contra el uso de la política migratoria como herramienta para reprimir expresiones públicas de solidaridad con Palestina.
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