A través de un comunicado, publicado el martes, la CIDH destacó que las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y México “son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que, entre otros, exponen a estas personas a numerosos riesgos”.
Asimismo, se refirió al acuerdo alcanzado en junio entre ambos países y dijo que tal pacto desembocó en el despliegue de la Guardia Nacional de México en la frontera y en un incremento drástico de las detenciones y deportaciones de migrantes.
La CIDH insistió en la necesidad de frenar la “securitización, militarización y criminalización” de las fronteras, así como la criminalización de los defensores de derechos humanos.
Asimismo, denunció la detención indiscriminada de adultos y menores de edad, la muerte de niños migrantes en custodia así como las malas condiciones de detención.
(Las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y México) son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que, entre otros, exponen a estas personas a numerosos riesgos”, reza un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En cuanto a la medida estadounidense de separar a las familias, la comisión declaró que tal medida es contraria a las normas del derecho internacional, por ello, llamó a Washington a “cesar de inmediato toda práctica dirigida a separar a niños y niñas de sus padres o tutores como una medida para impedir la migración”.
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En junio, México y EE.UU. firmaron un acuerdo, según lo cual el país azteca se compromete a reducir el trasiego de emigrantes sin convertirse en un tercer país seguro. La meta principal es frenar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, medida que estaba prevista que entrara en vigor el 10 de junio y con la que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazaba al Ejecutivo mexicano si no tomaba medidas para contener el flujo migratorio.
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Tras la firma del referido acuerdo, el Gobierno de México desplegó 15 000 soldados de la Guardia Nacional y el Ejército en su frontera norte con EE.UU. para frenar y controlar el tráfico de emigrantes sin documentos hacia territorio estadounidense.
A pesar de que los migrantes enfrentan condiciones inhumanas en las fronteras estadounidense, el inquilino de la Casa Blanca ha autorizado a sus soldados desplegados en las zonas limítrofes con México a usar a discreción la “fuerza letal” contra los solicitantes de asilo.
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