La decisión de la Corte Suprema se tomó el viernes, en una votación de 5 a 4, negando así la petición de la Administración de Trump de frenar la decisión de un juez de California, que limitó temporalmente al mandatario estadounidense el poner en marcha su política restrictiva.
El juez Brett Kavanaugh y los otros tres jueces, considerados de tendencia conservadora —Clarence Thomas, Samuel Alito y el recién llegado Neil Gorsuch—, se pusieron de parte del Gobierno.
John Roberts, también considerado conservador, se sumó a los magistrados del ala liberal, que negaron al presidente estadounidense la posibilidad de implementar las nuevas reglas.
El juez Tigar consideró en su fallo que la propuesta de Trump entraba en “un conflicto irreconciliable con la ley de inmigración”, que permite a los migrantes pedir asilo sin importar si ingresaron al país por alguno de los puertos de entrada. El magnate republicano reaccionó en contra de la decisión al catalogar al magistrado como un “juez de (el expresidente estadounidense, Barack) Obama”.
(La propuesta del presidente Donald Trump) entraba en un conflicto irreconciliable con la ley de inmigración”, consideró el juez Tigar, de la Corte Suprema, en su fallo, sobre la decisión del mandatario de restringir el asilo a migrantes que crucen la frontera de su país.
Este fallo se produce tan solo unos días después de que un juez federal bloqueara una de las políticas que fue anunciada por el exfiscal general Jeff Sessions, con la que se limitaba también el asilo a las víctimas de violencia doméstica y de pandillas.
El Gobierno estadounidense ha buscado diversas formas para impedir que miles de centroamericanos, que viajan en caravanas escapando de la violencia y la pobreza en sus países de origen, ingresen a Estados Unidos, y Trump ha considerado a esas personas una amenaza para la seguridad nacional.
El pasado 9 de noviembre, Trump firmó la orden que buscaba frenar el flujo de migrantes sobre todo de quienes, desde Guatemala, Honduras y El Salvador, intentan cruzar hacia Estados Unidos sin autorización.
La orden del mandatario norteamericano fue cuestionada inmediatamente por grupos de derechos humanos, que aseguraron que la medida violaba los estándares internacionales y las leyes estadounidenses sobre asilo.
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