Una parte de la oposición ecuatoriana de la Asamblea Nacional liderada por la legisladora Viviana Veloz del partido del expresidente Rafael Correa, presentó el jueves formalmente su solicitud a que se lleve a cabo un juicio político contra Lasso por delitos contra la administración pública por el caso de presunta corrupción, conocido como El Gran Padrino.
La solicitud, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, fue aprobada con 59 firmas de legisladores (13 más de las 46 necesarias), afines al correísmo, el derechista Partido Social Cristano (PSC), algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y del partido Izquierda Democrática.
La Asamblea Nacional también votó a favor de desclasificar algunos archivos existentes donde se encuentran investigaciones de corrupción para buscar pruebas que ayuden a la destitución de Lasso, pero en dichos archivos no aparece ni el nombre del presidente ni el de ninguno de su familia.
En este sentido, Veloz ha dicho que existía “abundantes” pruebas para el pedido de juicio político, agregando que “el presidente es responsable político de los delitos de extorsión y malversación”.
Ahora, la decisión sobre el inicio del proceso del juicio político a Lasso está en manos de la Corte Constitucional, cuyos jueces tendrán la última palabra en ese debate.
#Ahora | La asambleísta @VivianaVeloz18 presenta la solicitud de enjuiciamiento político en contra del presidente de la República, @LassoGuillermo, argumentando lo previsto en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. pic.twitter.com/i8CFAmyxdh
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 16, 2023
El caso de “El Gran Padrino”
Al principio de marzo, la Asamblea Nacional aprobó un informe presentado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción sobre la investigación del caso conocido “El Gran Padrino” con seis votos a favor y uno en contra y concluyó que Lasso incurrió en dos causales contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución ecuatoriana.
Estos artículos tienen que ver con delitos contra la seguridad del Estado y contra la Administración pública relacionados con la concusión, el cohecho, el peculado, el tráfico de influencias o el enriquecimiento ilícito.
El inminente juicio y las protestas confirman el debilitamiento del Gobierno de Lasso, tras sufrir una rotunda derrota en el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución.
Un nuevo estudio realizado por la encuestadora Clima Social reveló esta semana que siete de cada 10 personas en Ecuador desean elecciones anticipadas o la destitución del jefe de Estado.
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