“En virtud de este acuerdo en materia de justicia transicional, he impartido instrucciones muy precisas para que se suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de las FARC (...) por graves violaciones a los derechos humanos”, declaró el miércoles el fiscal general Eduardo Montealegre, en una rueda de prensa celebrada en Bogotá, la capital.
En virtud de este acuerdo en materia de justicia transicional, he impartido instrucciones muy precisas para que se suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de las FARC (...) por graves violaciones a los derechos humanos", declaró el fiscal general Eduardo Montealegre.
Sin embargo, esta orden no significa que se suspendan las investigaciones pues “la Fiscalía General de la Nación seguirá investigando los 38.000 hechos”, añadió Montealegre.
La Fiscalía, explicó Montealegre, debe adaptar ya el modelo que sigue en sus investigaciones a lo que será la justicia transicional cuando se firme el acuerdo definitivo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno.
“El modelo de investigación que se ha acordado hoy es totalmente diferente al modelo transicional de sistema acusatorio. Es un modelo propio para la justicia transicional", agregó.
De acuerdo con el jefe del ente acusador, se presentará un informe investigativo de contexto sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, incluidos casos como secuestro, reclutamiento de menores, violencia de género, entre otros.
“No hará imputaciones ni acusaciones ni a los miembros de FARC ni a sus dirigentes, sino un informe descriptivo con las pruebas con las que se cuenten”, precisó Montealegre.
Finalmente, pidió al Congreso dar facultades extraordinarias al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para reglamentar el marco legal para el logro del acuerdo que ponga fin al conflicto armado que vive el país desde hace más de medio siglo.
Montealegre hizo estas declaraciones el mismo día en que el Gobierno colombiano y las FARC firmaron el importante acuerdo sobre justicia transicional en La Habana, capital de Cuba, al tiempo que establecieron un plazo máximo de seis meses para lograr un pacto que ponga fin al conflicto armado.
El mencionado acuerdo sobre justicia contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de privación de libertad para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero otorga amnistía a los autores de delitos políticos.
Las FARC y el Gobierno colombiano iniciaron un proceso de paz en noviembre de 2012 con el objetivo de poner fin a un conflicto armado que ha dejado, según estimaciones, casi 5 millones de desplazados y al menos 600.000 muertos.
Recientemente, las FARC, en un intento de demostrar que apuesta por la paz, anunciaron su participación en el escenario político de Colombia.
haj/ncl/mrk
