La captura de Santrich es “una parafernalia para lanzar torpedos encaminados a deslegitimarnos frente a la sociedad y el mundo, y con ellos hacer fracasar el proceso de Paz que con tanto esfuerzo construimos”, asevera Londoño, conocido como ‘Timochenko’, en una misiva dirigida el jueves al partido FARC.
En este sentido, el político colombiano indica en su carta que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, “se ha convertido en un sicario moral” que no desaprovecha oportunidad para arremeter contra la FARC.
Sobre las irregularidades cometidas con la detención de Santrich, el líder de la FARC relata cómo se desplegó, bajo la orden del fiscal, un dispositivo con más de 50 hombres armados con porras, carros, motos, etc, que entraron gritando y apuntando con armas a un invidente.
(La captura de Jesús Santrich, un jefe de la exguerrilla FARC se trató de) una parafernalia para lanzar torpedos encaminados a deslegitimarnos frente a la sociedad y el mundo, y con ellos hacer fracasar el proceso de Paz que con tanto esfuerzo construimos”, asevera el líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’.
Timochenko enfatiza que Santrich ha dado garantías de que “nada tiene que ver con lo que se le acusa” y que el partido tiene la obligación de creerle, en alusión a la imputación que le hacen la Fiscalía y el Gobierno estadounidense.
Por otro lado, Londoño exhorta a Santrich a levantar su huelga de hambre para “dar batalla en esa nueva trinchera y demostrar que es un revolucionario íntegro”.
La Fiscalía General de la Nación capturó al exguerillero por supuestos delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes el pasado 9 de abril, como respuesta a una investigación de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia estadounidenses.
La detención de Santrich, de quien se prevé que pueda ser trasladado a territorio norteamericano, ha levantado protestas en Colombia. Además, puede violentar aun más el acuerdo de paz logrado por el Gobierno de Bogotá y las FARC en 2016, que estipula la suspensión de las órdenes de captura y solicitudes de extradición.
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