El miércoles, el Senado de Colombia aprobó con 52 votos a favor y dos en contra el acto legislativo que "reintegra políticamente" a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del continente, indicó la Cámara alta en Twitter.
De este modo, una vez las FARC dejen las armas, podrán formar un partido político, hacer proselitismo, participar en todas las elecciones populares y contar con la financiación especial consignada en el histórico acuerdo que firmaron en noviembre pasado Bogotá y la guerrilla.
Asimismo, la ya exguerrilla tendrá garantizada 10 curules en el Congreso (cinco en la Cámara y cinco en el Senado) aunque para ello deben participar en la contienda electoral de 2018, según establece el texto. Si no logran esos escaños por votación popular, se les otorgarán los necesarios hasta cumplir las cuotas acordadas.
Con 52 votos a favor acaba de ser aprobada en Senado la conciliación de la Reincorporación Política de las @FARC_EPueblo. #LaPazAvanza
— Voces de Paz (@VocesDePazCo) May 10, 2017
La participación política es un punto clave del mencionado acuerdo, tras el pacto se concentran en 26 puntos del país en cumplimiento del proceso de desarme y transformación a movimiento político legal. El estatuto que permite el nacimiento del partido político de las FARC, el cual será creado tras un congreso guerrillero previsto para agosto, regirá a partir del 1 de junio, según la ley.
Durante la votación del miércoles, quien mostró más su férreo desacuerdo fue la senadora liberal Sofía Gaviria, que pidió hasta el último momento aplazar la conciliación y que su votación se supeditara al cumplimiento de las FARC en cuatro aspectos del acuerdo: la entrega de menores de edad, la entrega de los bienes y de todos los recursos que lo financian, la entrega de los secuestrados y la entrega de las armas.
Cabe recordar que desde principios del pasado marzo comenzó el proceso de registro de las armas de las FARC para ser entregadas a la misión de las Naciones Unidas. Sin embargo, la guerrilla critica la demora gubernamental en la habilitación de esas 26 zonas de concentración, lo que retrasó también las primeras etapas de la dejación de las armas.
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