La sentencia fue emitida el miércoles por la Fiscalía de Garantía de La Serena que decidió mantener la medida de prisión preventiva al capitán del Ejército José Faúndez Sepúlveda y sus subalternos Carlos Robledo Olguín y José Arenas Mancilla, por el asesinato del estudiante ecuatoriano Romario Veloz durante las movilizaciones sociales.
Se les formaliza por delitos de homicidio, homicidio frustrado, violencia innecesaria y lesiones en el caso por la muerte de Romario Veloz el 20 de octubre de 2019, cuando el joven estudiante participaba en una movilización en las calles de La Serena, 500 kilómetros al norte de Santiago, que terminó con incidentes y saqueos en un centro comercial.
Veloz es uno de los más de treinta fallecidos que dejó la violencia y la represión de los agentes durante las manifestaciones que estallaron en Chile en 2019, cuando comenzó la mayor crisis social en el país desde el retorno a la democracia en 1990.
De acuerdo con la Fiscalía chilena, Faúndez, quien en aquel entonces ejercía como comandante de una unidad especial que se creó para enfrentar las masivas protestas, ordenó supuestamente a sus subalternos disparar a los manifestantes.
Entre las víctimas se encontraba Veloz, que falleció poco después de ser trasladado al hospital, y otros dos hombres que resultaron heridos de gravedad.
“Hoy día por fin mandaron a la cárcel al asesino de mi hijo. Estoy más que feliz, hemos logrado bastante”, señaló a EFE la madre de la víctima, Mery Cortez.
Luego de 3 días de formalización, se conocieron las medidas cautelares por el caso del estallido social en que murió un joven y quedaron heridos dos chilenos. Fiscal Regional, Adrián Vega, detalló los pormenores.https://t.co/uOQt0KNeav pic.twitter.com/iIos77mIb1
— Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) February 9, 2022
Tras la audiencia, que se extendió durante tres días, se estableció un plazo de investigación de 30 días. El tribunal también dispuso el arresto domiciliario para el funcionario del Ejército investigado, Milován Rojas Barrera.
Las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han expresado preocupación por la represión protagonizada por los Carabineros durante el estallido social en Chile.
Además, según medios locales, hay 1962 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) contra los agentes chilenos por hechos ocurridos desde el inicio de las manifestaciones, pero se han retrasado las investigaciones relevantes por la propagación del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
mep/rba
