En una entrevista concedida a Europa Press, la presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional (AI) de Chile, Sofía Lanyon, ha denunciado este lunes que, tras dos años del estallido social del 18 de octubre de 2019, no solo “no se han producido los cambios sustanciales que ya deberían estar en curso” sino que Chile “suspende” en materia de derechos humanos.
De hecho, ha aseverado, la “impunidad” sigue estando en el centro de las denuncias de las víctimas de violaciones de DDHH y sus familiares las que aún están lejos de obtener justicia y reparación. Asimismo, ha deplorado que las denuncias realizadas por las víctimas o sus familiares al Ministerio Público, avanzan con mucha lentitud.
Es más, en la mayoría de casos no existen responsables identificados y excepcionalmente, hay perpetradores formalizados, tal como ha puntualizado. Al respecto de la institución de la policía militarizada chilena, los Carabineros, la titular de AI ha hecho hincapié que esto estaría manteniendo policías que podrían estar involucrados en tales vulneraciones actualmente en servicio y controlando el orden público, “lo cual es peligroso”.
Por su parte, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, ha declarado esta misma jornada al mismo medio que el retraso en los procesos judiciales genera en las víctimas una sensación de “desamparo”, mientras que muchas “se sienten afectadas por la falta de reconocimiento expreso del Estado de que se han cometido violaciones de Derechos Humanos”.
En el 18 de octubre de 2019, un grupo de estudiantes hizo un llamamiento a protestar contra la subida del precio del billete de metro, desencadenando una ola de protestas por la igualdad, que se convirtió, con el paso de los meses, en la mayor crisis social en los 31 años de democracia en Chile.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera utilizó la fuerza de los Carabineros, violaciones de los derechos humanos, detenciones y gases lacrimógenos, pero no pudo doblegar la voluntad del pueblo. Las demandas escalaron rápidamente y derivaron en la redacción de una nueva Constitución.
Este año, en el segundo aniversario del hecho, se registraron marchas en el país. Pero, saquear locales y quemar mobiliario público por unos grupos causó despliegue de miles efectivos, la represión con camiones lanza agua y gases lacrimógenos. Además, dejó dos personas muertas y 450 detenidas.
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