Luego de 107 días de huelga de hambre, el machi Celestino Córdova firmó un acuerdo con el Gobierno chileno y anunció que detendría el período de inanición que mantuvo para exigir que el Estado diera cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El ministro de Justicia de Chile, Hernán Larraín, confirmó la noticia detallando que “el machi Celestino Córdova me ha manifestado que ha aprobado la propuesta que ha hecho el Gobierno para resolver esta situación y así deponer la huelga de hambre”.
El acuerdo alcanzado entre el líder mapuche y el Ejecutivo consiste en ocho puntos, entre los que se incluyen la autorización para una salida a su rehue o comunidad, “la que podrá extenderse hasta por un máximo de 30 horas, y se sujetará a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias y penitenciarias”.
De igual forma, se determinó que Córdova podrá “permanecer en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación física y espiritual, incluyendo orientaciones de medicina mapuche que sean compatibles con la prescripción del agente de salud tradicional tratante”.
El acuerdo también permite que el machi Celestino Córdova pueda ser trasladado a un Centro de Educación y Trabajo (CET) por cumplirse los requisitos exigidos para ello, “si así él lo decidiera, para lo cual debe postular. Una vez en el CET, podrá acceder a los derechos que la regulación de estos centros permite”.
En cuanto a la situación de los otros 26 comuneros recluidos y en huelga de hambre, el Gobierno chileno aseguró que al momento de que depongan la huelga, “no serán objeto de sanción disciplinaria por la Gendarmería de Chile”. Además, informan que se facilitará la postulación de “personas privadas de libertad de pueblos originarios a Centros de Educación y Trabajo, si así lo solicitan”.
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Celestino Córdova fue condenado en 2014 a 18 años de prisión por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes murieron en un supuesto ataque incendiario en enero de 2013.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el 30 de julio el recurso de amparo presentado por la Defensoría Regional de La Araucanía en representación de Córdova, que buscaba cambiar la pena de cárcel a arresto domiciliario.
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