Ya quedaron ratificados los crímenes cometidos durante la crisis política boliviana en 2019. Los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) tildaron de “masacres” las sangrientas operaciones militares ordenadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez para reprimir las protestas de los partidarios de Evo Morales en Senkata y Sacaba, donde murieron 38 personas y otras 200 fueron heridas.
El informe de 750 páginas fue entregado al presidente Arce por la experta del GIEI, Patricia Tappatá. Uno de los ocho capítulos del informe se dedica a los actos de racismo que promovía Áñez tras llegar al poder, para la eliminación de la cultura, la identidad y la bandera de los indígenas.
Al acto de presentación del informe acudieron varias víctimas o sus familiares y relataron lo vivido. Ante la gravedad de los crímenes cometidos, Arce prometió buscar la verdad y hacer la justicia contra todos los responsables.
Bolivia se sumergió en una fuerte crisis en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, de las que Evo Morales resultó ganador. Empero, la oposición no reconoció y propició un golpe de Estado, con la ayuda de los policías, militares, otros gobiernos de la región y la propia Organización de Estados Americanos (OEA), según denuncia el gobierno.
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