El Tribunal Supremo del régimen de Baréin confirmó el lunes la pena de cadena perpetua decretada contra el líder del principal partido opositor, Al-Wefaq, y otros dos dirigentes de la formación, a saber, Hasan Ali Sultan y Ali al-Aswad, acusados de “espiar” a favor de Catar.
“El veredicto final constituye un paso más contra las voces disidentes y socava las posibilidades residuales de un diálogo político inclusivo en el reino de Baréin”, indicó un portavoz de la UE en una declaración escrita realizada la misma jornada en la que se tomó tal dictamen.
Bruselas también reiteró su “preocupación por el espacio político cada vez más limitado en Baréin”.
Grupos de derechos humanos han denunciado con frecuencia que los casos contra los activistas en el reino árabe no cumplen con los requisitos fundamentales de los juicios justos.
En este sentido, la UE instó, en su comunicado, al régimen de los Al Jalifa a cumplir con “sus obligaciones internacionales y nacionales con los derechos humanos”, que comprenden también “las garantías al derecho a tener un juicio justo”.
El veredicto final constituye un paso más contra las voces disidentes y socava las posibilidades residuales de un diálogo político inclusivo en el reino de Baréin”, indica la Unión Europea (UE) en un comunicado, en alusión a la cadena perpetua dictada contra el líder opositor bareiní, el sheij Ali Salman.
La sentencia contra el sheij Salman fue también criticada por Amnistía Internacional (AI), que lamentó que el fallo “aseste un nuevo golpe al derecho a la libertad de expresión en Baréin y revele la farsa del sistema de justicia del país”.
El Gobierno de Manama, aliado de EE.UU., el Reino Unido y otras monarquías petroleras del Golfo Pérsico, es constantemente objeto de críticas de activistas y organizaciones internacionales por tratar de silenciar cualquier voz disidente desde las protestas prodemocráticas de 2011, especialmente la de los opositores.
Desde el inicio de la crisis, Baréin, donde una familia real suní gobierna una población mayoritariamente chií, ha reprimido brutalmente las protestas populares, marchas en las que ha asesinado a más de un centenar de personas, además de encarcelar a numerosos activistas.
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