Enfoque - España: Continúan las declaraciones por las "tarjetas black"

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interroga esta semana a otros 37 imputados más por el caso de las tarjetas opacas o tarjetas Black de Caja Madrid.

A las que un total de 82 consejeros cargaron la suma de 15,5 millones de euros en gastos de personales entre 2003 y 2012. El primero en comparecer ha sido Enrique de la Torre, secretario del consejo de administración de la entidad en la época en la que Miguel Blesa presidió la entidad entre 1996 y 2011.

Durante esos años las tarjetas dejaron de utilizarse para gastos de representación y empezaron a ser usadas por los consejeros para gastos personales como una retribución de la que no se daba cuenta a Hacienda.

En su declaración De la Torre ha derivado la responsabilidad de la puesta en marcha de las tarjetas y de los límites de disposición tanto al exdirector financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, como al expresidente, Miguel Blesa.

Además, De la Torre, que cargó 320.000 euros en su tarjeta Black, ha declarado que algunos consejeros contaban con dos tarjetas, una para gastos de representación y otra para gastos personales, a modo de complemento retributivo.

También ha dicho que era la entidad la que asumía la retención a efectos fiscales. Pero en Madrid este no es el único caso de corrupción del que se habla estos días. También hay novedades sobre la Operación Púnica y el caso del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cree que “en muchos casos las decisiones políticas no han sido tomadas con la intención de que prevaleciesen los interés públicos, si no que se ha favorecido a los intereses particulares y privados”.

Tasio Oliver, miembro de Izquierda Abierta y responsable adjunto de políticas institucionales de Izquierda Unida, considera que “si sumamos todas las tramas corruptas de España, con las que tiene relación el Partido Popular de Madrid, se demuestra que es una trama mafiosa que ha desviado dinero público a manos privadas y cobrando por ello”.

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