En un comunicado, la Inteligencia sudanesa reconoció que los manifestantes tienen el derecho legítimo de organizar “protestas pacíficas garantizadas por la Constitución”, siempre y cuando respetan las normas del país.
No obstante, denunció que estas marchas de la oposición se están convirtiendo en movilizaciones negativas, pues se observan acciones de “sabotaje, saqueo, aterrorizar a los ciudadanos, cortar las carreteras y agredir las propiedades públicas y privadas”.
“Los manifestantes deben evitar cometer actos que hundan al país en la inseguridad total (...) ya que las fuerzas de seguridad, conforme a la ley del país, están capacitadas para hacer frente a los elementos infiltrados por medio de la fuerza o vías pacíficas”, alerta la nota.
La televisión local sudanesa ha anunciado hoy jueves que el ejército realizará una “importante declaración pronto”. Los medios no descartan que pudiera anunciarse un golpe de Estado contra Omar al-Bashir.
Las protestas en Sudán se desataron a mediados de diciembre de 2018 después de que el Gobierno triplicó el precio del pan en un país sumido en la crisis económica, pero pronto se tornaron en contra del presidente Al-Bashir, que de momento cuenta con el apoyo de todas las instituciones.
Los manifestantes deben evitar cometer actos que hundan al país en la inseguridad total (...) ya que las fuerzas de seguridad, conforme a la ley del país, están capacitadas para hacer frente a los elementos infiltrados por medio de la fuerza o vías pacíficas”, alertó el servicio de Seguridad e Inteligencia de Sudán.
Miles de manifestantes sudaneses llevan desde hace cinco días concentrados frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas en Jartum, la capital, reclamando la renuncia del mandatario en el poder desde 1989.
El miércoles, el portavoz del Gobierno, Hasan Ismail, anunció que durante las protestas del martes al menos 11 personas, incluidos 6 militares, perdieron la vida. Cinco personas murieron el domingo en una de las mayores manifestaciones de los últimos meses en el país africano.
De acuerdo con los responsables sudaneses, desde el comienzo de las protestas en total, 60 personas han muerto en los choques entre la policía y los manifestantes del país.
Al-Bashir, contra quien pesa una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, consideró “legítimo” el clamor del pueblo por sus derechos y disolvió el pasado 22 de febrero el Gobierno para evitar que la actual crisis se profundizara.
El presidente sudanés culpa de los disturbios al régimen de Israel y a ciertos Estados occidentales, encabezados por Estados Unidos, y ha prometido resolver la crisis.
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