• El portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abás Ali Kadjodai, habla en una rueda de prensa en Teherán (capital).
Publicada: domingo, 4 de noviembre de 2018 14:12

El Consejo de Guardianes de Irán rechaza un proyecto de ley sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, aprobado por el Parlamento, por ser “ambiguo”.

El Parlamento iraní aprobó el 7 de octubre la adhesión de la República Islámica a la Convención de la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CFT), pero tenía que ser ratificada por el Consejo de Guardianes para convertirse en ley.

El portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abás Ali Kadjodai, ha aseverado este domingo que el organismo de supervisión ha encontrado “fallos y ambigüedades” en el controvertido proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo, después de “múltiples sesiones”.

El Consejo de Guardianes, que revisa los proyectos de ley del Parlamento para garantizar la compatibilidad de la legislación con el Islam y la Constitución iraní, le había notificado a la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles) los “casos que violan la Sharía (ley Islámica), la Constitución” y “la ambigüedad del proyecto”, ha explicado Kadjodai.

La aprobación de esta iniciativa, que permaneció estancada meses en el Parlamento de Irán, compromete al país persa con el cumplimiento de las recomendaciones del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés), organismo internacional encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los defensores de este proyecto argumentan que la medida allanaría el camino para el aumento de las transacciones financieras de Irán con el resto del mundo y ayudaría a eliminar al país de las listas negras en cuanto al tema de la inversión.

Sin embargo, los opositores dicen que la membrecía en el GAFI solo hará que el país sea vulnerable a cualquier intromisión externa. Afirman que la implementación por parte de Irán de los estándares de dicho plan, hasta el momento, no solo no ha logrado atraer inversiones, sino que ha expuesto a varias instituciones a regulaciones y sanciones extraterritoriales.

El GAFI, que suspendió las contramedidas contra Irán hace dos años, había emitido una fecha límite en octubre para que Irán implementara sus estándares a fin de eliminar a Teherán de las listas negras de inversión.

Irán ya ha implementado una ley nacional contra el lavado de dinero como parte de sus esfuerzos hacia la transparencia financiera y, además, ha estado combatiendo el financiamiento del terrorismo. Los analistas creen que los problemas técnicos han impedido que el CFT se convierta en una legislación en lugar de un concepto relacionado con el financiamiento antiterrorista.

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