En un mensaje emitido este miércoles en Twitter, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac), ha expresado que observa con preocupación y pesar la pérdida de vidas en Perú, a la vez, ha manifestado su apoyo al presidente de Perú, Pedro Castillo, en medio de una crisis desatada por un paro de transportistas, la cual se convirtió en protestas violentas en varias regiones del país sudamericano.
Asimismo, el organismo regional ha manifestado “su apoyo al presidente Pedro Castillo y reitera la necesidad de que se pacifiquen los ánimos y se respeten la institucionalidad y el orden democrático”.
Los transportistas de carga iniciaron el lunes 28 de marzo un paro nacional bloqueando algunas de las principales carreteras del país en protesta por el alza del precio de los combustibles.
Como consecuencia, diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron en diversas zonas de Perú, en la primera paralización que enfrenta el Gobierno de Castillo, en el poder hace ocho meses.
En respuesta, el mandatario peruano decretó el martes un toque de queda en Lima para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales.
Sin embargo, tras el anuncio, miles de peruanos salieron a protestar en el centro de la capital y en otras ciudades reclamando la renuncia del presidente Castillo. Según la información facilitada por el Ministerio del Interior, unos 25 policías peruanos resultaron heridos anoche en choques con manifestantes que causaron destrozos en el Palacio de Justicia y la sede nacional de la Fiscalía.
Por su parte, el jefe de Estado peruano anunció la misma jornada en el marco de una reunión con el Congreso Nacional, que dejará sin efecto el toque de queda. “A partir de las 18:00 (hora local) se levanta la medida de inamovilidad social que corresponde a llamar la tranquilidad del pueblo peruano”, anunció el presidente, quien instó a las autoridades a impedir hechos como bloqueos de carreteras y daños a la propiedad pública y privada.
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