El anquilosamiento de las investigaciones contra Keiko Fujimori y Alan García por aportes de Odebrecht, la reticencia del Congreso para emprender una reforma política y por desentrampar las denuncias contra el fiscal de la nación, Pedro Chávarry, son algunos hechos que acrecientan la sospecha de que existe un pacto de impunidad entre la cúpula de la Fiscalía, el Partido Aprista Peruano (APRA) y Fuerza Popular.
Diversos colectivos civiles se dieron cita frente a la sede de la Fiscalía para exigir la renuncia de Chávarry. Los ciudadanos padecen en carne propia, los arreglos entre el poder político y la justicia.
Trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima demandan que el cuestionado alcalde Luis Castañeda está protegido por el fiscal.
A Chávarry se le acusa de pertenecer a la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto, pero lo ha negado a rajatabla y ha declarado una ofensiva contra el Gobierno por el caso del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, rechaza la gestión del fiscal y ha planteado reformas judiciales y políticas, dos acciones a la que se opone Keiko Fujimori.
Pedro Chávarry ha hecho 43 cambios en distintos distritos fiscales del país, en los que realiza nombramientos y da por concluidas designaciones. Asimismo, muchos jueces implicados en los audios de la corrupción han empezado a retomar sus puestos como si nada hubiera pasado.
La permanencia o destitución del fiscal de la nación se ha convertido en un juego de poder y un obstáculo para las reformas en Perú.
Rudy Jordán, Lima.
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