Luego de casi 3 meses de negociaciones, el Gobierno nacional y la Minera Panamá S.A. alcanzaron este mes de marzo un acuerdo sobre el texto final del contrato que regiría la concesión por los próximos 20 años en el Proyecto Cobre Panamá.
Esta percepción proviene de la idea de que las autoridades no han contemplado los intereses generales de la población, a pesar de que aseguran que el país recibirá 375 millones de dólares anuales por la exportación de cobre y otros metales.
De hecho, el contrato previo para este proyecto fue considerado como inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a finales del año 2017 y esa sería la base de la actual negociación, que también es cuestionada por entregar los recursos del país.
Para las críticas, la actuación de las autoridades se ha desarrollado bajo desacato de la legislación local, lo que abriría una puerta a posibles demandas, además extienden su exigencia por un proceso de consulta genuino donde la población informada decida el tipo de desarrollo que espera el país.
John Alonso, la Ciudad de Panamá.
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