Por Xavier Villar
Sin embargo, leída con detenimiento, revela algo más profundo y persistente: no sólo una visión anacrónica del orden mundial, sino una incomprensión estructural del sistema político iraní y de la función que el liderazgo cumple en él. Este déficit analítico no es trivial. De hecho, condiciona de manera decisiva la eficacia, o la falta de ella, de cualquier estrategia estadounidense hacia Teherán.
En la superficie, la declaración parece inscribirse en una tradición conocida de la política exterior norteamericana: la creencia de que los sistemas políticos no alineados pueden ser reconfigurados desde el exterior mediante presión, sanciones o, llegado el caso, fuerza militar. Pero en el caso iraní, esta premisa resulta especialmente inadecuada. No solo porque Irán haya demostrado una notable capacidad de resistencia institucional desde 1979, sino porque el propio concepto de “liderazgo” en la República Islámica no se corresponde con las categorías implícitas en el lenguaje político occidental contemporáneo.
Hablar de “buscar un nuevo líder” presupone que el poder político en Irán es personalizable, intercambiable y, en última instancia, susceptible de ser reordenado por actores externos. Esa suposición ignora que el Líder —el Rahbar— no es simplemente un gobernante en el sentido clásico, sino la encarnación de un principio político que articula soberanía, legitimidad y continuidad histórica. En este sentido, el error no es solo diplomático; es conceptual.
El Líder como arquitectura del orden político
Para la República Islámica, la figura del Líder, actualmente el ayatolá Seyed Ali Jamenei, no puede entenderse como un individuo aislado del sistema que representa. Su función excede la dimensión personal y se inscribe en una lógica institucional e ideológica mucho más amplia. El principio del Wali-ye Faqih (la Tutela del Jurisconsulto) no designa simplemente a una persona concreta, sino a un significante político central alrededor del cual se organiza todo el edificio del Estado posrevolucionario.
Este significante articula una serie de equivalencias fundamentales: soberanía popular islámica, continuidad revolucionaria, independencia nacional (esteghlal) y resistencia frente a la hegemonía exterior (moqavemat). El Líder actúa como punto nodal de esta cadena, otorgando coherencia a un sistema que combina elementos islámicos y republicanos de un modo singular. Su legitimidad no procede exclusivamente de la autoridad religiosa, ni tampoco de un mandato electoral directo, sino de una fusión específica entre jurisprudencia islámica y voluntad popular, tal como fue formulada tras la Revolución de 1979.
Desde esta perspectiva, interpretar al Líder como un “gobernante” susceptible de ser reemplazado mediante presión externa equivale a desconocer la gramática política iraní. No se trata simplemente de que el liderazgo no sea elegido por Washington, sino de que su función no es comparable a la de un jefe de Estado convencional. Atacar a la persona es, en la lógica interna del sistema, atacar al principio mismo que garantiza la continuidad del orden político. De ahí que las amenazas personalizadas tiendan a producir el efecto contrario al buscado: refuerzan el consenso interno en torno a la figura que se pretende debilitar.
El rol del Líder se materializa en una serie de competencias claramente definidas. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, incluido el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI); nombra a los jefes del poder judicial y de los principales medios estatales; designa a seis de los doce miembros del Consejo de Guardianes; y ejerce influencia sobre una extensa red de fundaciones económicas (bonyads). Pero reducir esta acumulación de funciones a la idea de un “poder en la sombra” sería engañoso. Su autoridad es pública, constitucional y central. Es la posición la que confiere poder, y la persona la que lo ejerce mientras cumpla los requisitos establecidos por el sistema.
Sucesión, resiliencia y el error de la analogía externa
Uno de los malentendidos más persistentes en los análisis occidentales sobre Irán es la tendencia a proyectar analogías con otros contextos donde los cambios de liderazgo han desencadenado transformaciones sistémicas. En el caso iraní, esta analogía resulta particularmente inadecuada. El sistema político está diseñado precisamente para garantizar la continuidad del principio del Wali-ye Faqih más allá de la persona que lo encarne en un momento dado.
La Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por clérigos y elegido indirectamente por la ciudadanía, tiene el mandato constitucional de seleccionar, supervisar e incluso destituir al Líder. Aunque este mecanismo no responde a los estándares liberales de alternancia, sí cumple una función clave: asegurar una sucesión controlada que preserve el núcleo ideológico del sistema. La pregunta de quién sucederá al ayatolá Jamenei, recurrente en los análisis externos, es relevante solo en la medida en que se entienda que la transición está pensada para reproducir el orden existente, no para desmantelarlo.
Esto no implica la ausencia de tensiones internas. Irán es un sistema político con disputas varias dentro del ámbito de la política. Sin embargo, estas tensiones operan dentro de un marco compartido. Lo que desde fuera puede interpretarse como fragilidad o parálisis es, con frecuencia, el modo en que el sistema gestiona sus contradicciones sin poner en cuestión sus fundamentos. Las protestas sociales, reales y significativas, han coexistido durante décadas con una notable estabilidad institucional.
En este contexto, la idea de que una presión externa, retórica o militar, pueda precipitar un cambio de liderazgo con efectos transformadores revela más sobre las expectativas estadounidenses que sobre la realidad iraní. Lejos de debilitar al sistema, este tipo de amenazas tiende a reforzar la narrativa de “nación sitiada”, un recurso discursivo que la República Islámica ha sabido utilizar con eficacia desde sus orígenes.
Escalada militar sin objetivo político
La dimensión más delicada de este déficit analítico se manifiesta cuando la retórica se traduce en movimientos militares concretos. El refuerzo de la presencia estadounidense en la región, incluido el despliegue de grupos de ataque de portaaviones en el Golfo Pérsico, amplía de manera significativa el espectro de opciones disponibles para Washington. Desde un punto de vista estrictamente técnico, Estados Unidos conserva una superioridad militar abrumadora y la capacidad de ejecutar operaciones de alta precisión contra objetivos seleccionados.
Sin embargo, el problema central no es la capacidad operativa, sino la ausencia de un objetivo político claramente definido. ¿Qué resultado estratégico se persigue? Un ataque limitado, incluso si lograra infligir daños materiales relevantes, difícilmente alteraría los fundamentos del orden político iraní o su orientación estratégica. Por el contrario, una agresión externa tendería a reforzar la percepción de amenaza sistémica, consolidando la lógica de defensa nacional y reafirmando el papel del Estado como garante de la soberanía frente a presiones exteriores.
Una campaña de mayor envergadura, por su parte, incrementaría de forma exponencial el riesgo de una escalada regional difícil de contener. Irán ha estructurado durante décadas su doctrina de seguridad en torno a la disuasión y la capacidad de respuesta asimétrica, precisamente para evitar que el uso de la fuerza por parte de potencias externas se perciba como una opción de bajo coste. La activación de estos equilibrios no solo afectaría a Irán, sino al conjunto del sistema regional, con implicaciones directas para la seguridad energética y la estabilidad de múltiples actores.
En ausencia de un horizonte político coherente, el recurso a la fuerza corre así el riesgo de convertirse en un instrumento autocontenido, desconectado de cualquier estrategia de resolución. La presión militar, cuando no está subordinada a un marco diplomático realista, tiende a producir efectos acumulativos de inseguridad más que resultados políticos sostenibles.
Desde esta perspectiva, las declaraciones del presidente Trump no solo carecen de eficacia práctica, sino que contribuyen a una dinámica de confrontación basada en supuestos erróneos. Al personalizar el conflicto y sugerir la posibilidad de un “nuevo líder”, la retórica estadounidense ignora que el núcleo del sistema iraní no se organiza en torno a individuos intercambiables, sino a principios estructurales de soberanía e independencia. En ese sentido, la escalada retórica y militar no abre un camino hacia la resolución, sino que prolonga un ciclo de tensiones cuyo desenlace permanece indefinido.
La aparente pausa que a veces sigue a estos episodios no debe interpretarse como una distensión duradera, sino como un intervalo dentro de una confrontación más amplia. Mientras persista la incomprensión de las realidades políticas e históricas de Irán, cada nuevo movimiento corre el riesgo de reproducir los mismos errores, con costes crecientes para la estabilidad regional y el orden internacional.
