La carta, dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, al director general de la Unesco y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condena los bombardeos contra la Universidad Tecnológica de Isfahán, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad Tecnológica Amirkabir de Teherán, llevadas a cabo entre el 28 y el 30 de marzo.
“En otro ataque perpetrado el 31 de marzo, uno de los mayores centros de investigación y desarrollo farmacéutico de Irán, Tofiq Daru, importante productor de anestésicos y tratamientos para la esclerosis múltiple y el cáncer, fue atacado y sufrió graves daños”, decía la carta.
Posteriormente se llevaron a cabo otros ataques. El 3 de abril, varias partes de la Universidad Shahid Beheshti de Teherán, incluido el Instituto de Investigación de Láser y Plasma, sufrieron graves daños.
El 6 de abril, la Universidad Tecnológica de Sharif fue atacada, causando graves daños a la Facultad de Ingeniería Civil, el Departamento de Filosofía de la Ciencia, los Institutos de Investigación Nano y Ambiental, el edificio del Instituto de Investigación Convergente y la Facultad de Ingeniería Eléctrica, entre otras instalaciones.
Durante la agresión ilegal, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Shiraz y el Campus del Hospital Veterinario Especializado de la Universidad de Urmía también resultaron afectados.
Según los firmantes, la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán incluyó el bombardeo de múltiples objetivos civiles.
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“Las instituciones científicas y educativas son espacios civiles esenciales para la salud pública, el conocimiento y la supervivencia humana”, afirmaba la carta.
La carta ha destacado que la destrucción de instituciones científicas “pone en peligro a investigadores, estudiantes, personal médico y al público en general, a la vez que causa un daño duradero a la ciencia y a la sociedad”.
La carta insta a todas las partes a cesar de inmediato los ataques contra instalaciones científicas y educativas civiles, incluidos laboratorios, universidades, hospitales, centros de investigación, bibliotecas y archivos.
Asimismo, ha exigido a la ONU, la Unesco y los organismos internacionales pertinentes a documentar los daños sufridos por estas instituciones, proteger a los académicos y estudiantes afectados y apoyar las investigaciones independientes sobre las violaciones del derecho internacional humanitario.
“Los responsables de los ataques ilícitos contra lugares civiles protegidos deben ser identificados y responsabilizados mediante mecanismos legales imparciales”, se lee en la carta.
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