Los testigos han dicho a la agencia británica de noticias Reuters que los agentes dispararon gases lacrimógenos para dispersar un grupo de manifestantes en Abuya, la capital del país africano.
Cientos de personas se reunieron en las inmediaciones de los edificios gubernamentales para reclamar la liberación de su líder dos días después de que los enfrentamientos con la Policía dejaron al menos dos muertos y 40 detenidos.
El Movimiento Islámico de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés) ha anunciado que continuará protestando hasta que logren la liberación de Al-Zakzaky, quien está bajo arresto desde 2015.
Los partidarios de Al-Zakzaky también organizaron el miércoles una protesta desafiando la ofensiva de las fuerzas nigerianas contra ellos.
Los manifestantes portaron pancartas con imágenes del clérigo y las personas que habían perdido la vida a manos de las fuerzas gubernamentales.
El martes, las fuerzas de seguridad mataron a dos manifestantes, que eran miembros del Movimiento Islámico de Nigeria, después de que los enfrentamientos se produjeran fuera de la Asamblea Nacional cuando los manifestantes intentaban ingresar al Parlamento para registrar una demanda por la liberación de Al-Zakzaky
Al-Zakzaky y su esposa fueron detenidos tras una violenta redada policial en su residencia, en la ciudad norteña de Zaria, en el estado de Kadun. Durante la brutal represión, tres de sus hijos perdieron la vida, su esposa sufrió graves heridas y más de 300 de sus seguidores fueron asesinados.
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Muhamad, el hijo de Al-Zakzaky, ha advertido recientemente sobre el deterioro de la salud de su padre, añadiendo que se sintió sorprendido por el empeoramiento del estado de salud de su padre después de visitarle, y destacó que debe ser hospitalizado de inmediato.
A su vez, la Comisión Islámica de Derechos Humanos en el Reino Unido indicó a principios de esta semana que el estado de salud del clérigo se ha deteriorado en la prisión.
Las fuerzas nigerianas han matado a al menos 400 miembros del Movimiento Islámico de Nigeria en los últimos cuatro años, según los grupos de derechos humanos.
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