La espiral de violencia contra líderes y defensores de comunidades indígenas en México convoca el llamado de organizaciones sociales para atender sus demandas. Mientras que desde su conferencia diaria, el presidente López Obrador pide confianza para resolver los conflictos que se centran en el derecho al territorio.
Claros ejemplos recientes del reclamo han sido las desapariciones y asesinatos de líderes yaquis en Sonora. Y la comparecencia ante la CIDH de la comunidad rarámuri de Choreachi en Chihuahua, sobre la falta de reconocimiento del Estado y la situación de indefensión frente a grupos que los violentan y amenazan.
Según han declarado activistas y expertos, el trasfondo de la violencia desencadenada hacia comunidades indígenas es la criminalización de la protesta social y su normalización en todo el país en contra de defensores y periodistas
Para combatir la marginación y la pobreza que prevalecen, el gobierno federal mantiene vigente el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 para fortalecer los procesos de autonomía, consolidar su participación efectiva en políticas públicas y fomentar el aprovechamiento de sus territorios.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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