Desde la secretaría de finanzas se autorizó a las instituciones que conforman el estado, a despedir a todo el personal no esencial; o aquellos que de manera irregular obtuvieron sus nombramientos o plazas de trabajo.
La estrategia del Gobierno de Hernández era el clientelismo político, para tener control de una masa de activistas que defendieran su Gobierno y muchos de estos sin asignaciones justificadas.
La instrucción es que se den los despidos siempre y cuando las secretarías o direcciones cuenten con los fondos para pagar los derechos laborales de esos trabajadores.
De manera ilegal en el último mes del Gobierno de Juan Orlando Hernández, se autorizaron las contrataciones y acuerdos a miles de empleados; estos ya pueden ser cancelados porque ya se tienen los recursos en la secretaría de finanzas.
El Gobierno de Xiomara Castro también tiene el compromiso de cumplir con plazas laborales, a la membresía de su partido; quienes lucharon en dos elecciones para llevarla al poder.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.
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