Ciento veintisiete diputados de los 160 que componen el Congreso aprobaron la ley 15-2020, que establece que las empresas de servicios básicos no los podrán cortar durante los próximos tres meses por falta de pago. Inmediatamente fueron interpuestos al menos 12 amparos ante la Corte de Constitucionalidad para frenarla, en su mayoría del sector energético, la Cámara de Industria se sumó a los productores.
El presidente aseguró que debido a inconsistencias en la ley alguno de los amparos podría prosperar y botar el decreto, por lo que apeló a la buena fe de las empresas.
En el Congreso los diputados aún esperan que la ley sea publicada para que entre en vigencia lo más pronto posible, cosa que no ha sucedido y tampoco confían en una acuerdo de palabra.
Mientras la ley cobra vigencia o es encontrada inconstitucional las filas para hacer convenios de pago ante la Empresa Eléctrica de Guatemala se extiende por varias calles, mientras los pagos a la telefonía, el internet y el agua aún no se definen.
Dentro de ese contexto varios diputados cuestionan severamente la baja ejecución de los préstamos aprobados por el Congreso de la República hace algunas semanas y que servirán para paliar la crisis del coronavirus en el país, dichos préstamos equivalen a unos 2,500 millones de dólares.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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