María Consuelo Porras, actual fiscal del Ministerio Público, es considerada por analistas y políticos como uno de los brazos más visibles de la corrupción en Guatemala. Porras es señalada de manipular investigaciones y expedientes para favorecer a candidatos y partidos.
Y es que sobre Sandra Torres, la candidata que lidera las encuestas, pesan serias acusaciones de financiamiento ilícito de campaña que datan de 2015. Sin embargo, la fiscal general retardó el proceso y lo presentó un día después que adquiriera inmunidad. De acuerdo al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Franciso Sandoval, el caso estaba listo para presentarse meses antes.
Pero no solo es el Ministerio Público el que parece conspirar para frenar la lucha contra la impunidad y la corrupción que inició la exfiscal Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2015, otras altas instancias como las cortes penales también han emitido fallos que demuestran su participación en el denominado pacto de corruptos al igual que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acuerdo a analistas.
Once meses han pasado desde que Porras asumió como jefa del Ministerio Público y fue designada por el presidente del país, Jimmy Morales, a quien ya le clausuró un caso por acusaciones de violencia sexual entre otras decisiones polémicas que han empañado la labor del Ministerio Público y de la misma fiscal general.
María Consuelo Porras estará frente al Ministerio Público hasta mayo de 2022, por lo que funcionarios, exfuncionarios, políticos corruptos, empresarios y bandas del crimen organizado tienen suficientes motivos para negociar frenar investigaciones que los incriminen penalmente.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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