La etnia Xinca es una de las 22 que componen el pueblo maya en toda Guatemala, parte de sus integrantes acompañados por otros grupos campesinos e indígenas y organizaciones en defensa de la tierra y el medioambiente realizaron una manifestación ante la Corte de Constitucionalidad donde se discute la continuidad de las operaciones de empresas mineras e hidroeléctricas, especialmente donde se asientan comunidades indígenas.
Y es que de acuerdo a tratados internacionales ratificados por Guatemala, las consultas comunitarias son necesarias en estos casos, sobre todo en los establecidos ante la Organización Mundial del Trabajo (OMT).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo provisional que suspende las operaciones mineras en la mina San Rafael, sin embargo, el sector privado ha acudido ante la máxima instancia en temas constitucionales a pedir que se levante la sanción.
Dentro de la polémica, el sector empresarial realizó algún tipo de consulta paralela a la establecida en la ley y el ejecutivo no está de acuerdo con ello.
De acuerdo a vecinos de las aéreas aledañas a la mina San Rafael la actividad extractiva ha dejado mucho daño al medio ambiente y a sus propiedades.
Según información pública, las mineras San Rafael operan con financiamiento de capitales canadienses, estadounidenses y de otros países por lo que el sector privado insiste en que este tipo de acciones legales arbitrarias solo ahuyenta la inversión extranjera y disminuye la capacidad de generar más empleo.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.
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