La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se ha reunido este lunes para zanjar el debate sobre el impuesto de las hipotecas. El 18 de octubre, se estableció que el banco debía hacerse cargo de esa tasa en lugar del cliente, que era quien venía abonándolo. Sin embargo, al día siguiente, el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, decidió revisar el criterio. Ante esta situación, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se han concentrado frente al Supremo.
Desde Podemos consideran que “no se ha actuado en defensa de los intereses de la justicia y la ciudadanía, sino en beneficio de las entidades financieras”. Por ese motivo, la formación política que lidera Pablo Iglesias decidió querellarse contra el juez Díez-Picazo. Pero la querella fue archivada por el Tribunal Supremo.
28 de los 31 magistrados que integran la sala deben deliberar sobre tres cuestiones: quién ha de pagar el impuesto, si habrá retroactividad y si se tiene que reclamar a Hacienda o a las entidades.
El Ministerio de Hacienda calcula en más de 3.600 millones de euros el coste que podría tener para las entidades financieras el importe abonado por un millón y medio de contribuyentes en los últimos cuatro años, que sería el periodo no prescrito, si finalmente el Tribunal Supremo decidiera que son los bancos quienes deben abonar la tasa.
David Hernández, Madrid.
smd/hnb
