El hartazgo de buena parte de la ciudadanía independentista hacia sus propios dirigentes derivó en algunos incidentes entre manifestantes y policía al fin del aniversario del referéndum independentista del 1-O (1 de octubre de 2017). Los altercados, hasta ahora inexistentes en el conflicto, se han colado en el debate dentro del Parlamento.
El independentismo ha rechazado todo tipo de violencia ante las demandas de dimisión de la oposición unionista.
Al inicio del debate de política general, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha asegurado que no aceptará ninguna condena a los presos políticos y ha amenazado con hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez si no materializa una propuesta para Cataluña.
La tensión dentro el hemiciclo también se ha vivido por la sustitución temporal de los 6 diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo (TS), actualmente en prisión o el exilio.
Ciudadanos ha anunciado una querella criminal por la decisión, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán) y Junts per Catalunya (JxCAT) la han defendido y Candidaturas de Unidad Popular (CUP) lo ha considerado un acatamiento a la orden judicial.
Por su parte, el Gobierno de España ha respondido a Torra que no negociará ningún referéndum y ha pedido al presidente catalán que deje de alentar a los grupos radicales para mantener el diálogo.
El Partido Popular (PP) de Pablo Casado ha expresado su voluntad de ilegalizar los partidos independentistas por supuesta justificación de la violencia.
Oriol Puig, Barcelona.
mhn/nii/
