“Esos artículos me parecen patéticos, van en la línea de lo ya vivido en el Parlamento Europeo, son una manifestación de la histeria antirrusa que se ha instalado en la Unión Europea (UE) y en determinados grupos de poder”, ha denunciado este miércoles Javier Couso, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.
Con estas palabras, el eurodiputado español de Izquierda Unida (IU), ha reaccionado a un informe del sábado del periódico español El País, que dice: “la maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis catalana” y “la red global” que, según el diario actuó a favor del presidente estadounidense, Donald Trump, en los comicios de noviembre y el Brexit, “se dedica ahora a España”.
Según Couso, el artículo es una “basura” y un “esperpento absoluto” además de un “insulto a la inteligencia de los ciudadanos españoles”.
Esos artículos me parecen patéticos, van en la línea de lo ya vivido en el Parlamento Europeo, son una manifestación de la histeria antirrusa que se ha instalado en la Unión Europea (UE) y en determinados grupos de poder”, denuncia Javier Couso, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara.
En este sentido, ha considerado estas acusaciones un plan diseñado con anterioridad y el autor montó “una investigación que es una patochada” para intentar cubrir sus afirmaciones con un manto de credibilidad.
“Todo lo que se habla de la ‘posverdad’ o de las ‘fake news (noticias falsas)’ lo recoge ese artículo, es el espejo de todo lo que ellos supuestamente critican”, apunta.
De este modo, Couso acusa al citado diario de estar en “una deriva hacia el periodismo amarillo, propagandístico y terrible de acusar de todo a Rusia” y ha lamentado que El País presentado como un periódico de referencia en España, se haya convertido en una correa de transmisión de determinados poderes tanto en clave nacional como internacional.
Cataluña se prepara, en medio de tensiones e incertidumbre, para el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre por las autoridades catalanas, en claro desafío al Gobierno y a las sentencias del Tribunal Constitucional, que ha declarado ilegal la consulta.
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