El letrado Eduardo Ranz presentó el 31 de diciembre de 2016 la denuncia con petición de prisión ante un tribunal español contra dos alcaldes y un diputado regional del Partido Popular (PP) por su negativa de cumplir la ley de Memoria Histórica española puesta en marcha desde 2007 que insta a acabar con vestigios de la dictadura (1936-1975).
Las denuncias están dirigidas al alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, y a la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles, así como el secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de la comunidad de Extremadura (oeste), Juan Antonio Morales.
Los motivos argumentados por Ranz se basan en que los denunciados, tanto en sus discursos de agradecimiento como en su actuación política, están contraviniendo lo estipulado en el texto legal. Además señala que los mencionados recibieron el pasado 2 de diciembre un premio de la Fundación Nacional Francisco Franco.
(Franco) fue, sin duda, el mejor Jefe de Estado Español del siglo XX y uno de los mejores de la Historia de nuestra patria”, reza el escrito entregado al juzgado que reproduce las palabras de la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles.
Respecto a la alcaldesa de Alberche del Caudillo, el escrito entregado al juzgado reproduce sus palabras en las que expresó que Francisco Franco “fue, sin duda, el mejor Jefe de Estado Español del siglo XX y uno de los mejores de la Historia de nuestra patria”.
El letrado Ranz añade que contra Rivelles hay un recurso contencioso-administrativo admitido a trámite el 2 de mayo del pasado año en un juzgado de Toledo por incumplir la referida ley.
La denuncia contra el alcalde de Guadiana del Caudillo específica que en sus palabras de agradecimiento indicó que “mientras él respire y sea alcalde, nadie borrará la historia de su pueblo, por lo que conservará su denominación aunque incumpla la Ley de Memoria Histórica”.
Asimismo, la querella incluye que el edil no ha cumplido con la creación de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil en su municipio. Hace un año, el Ayuntamiento de Madrid decidió cambiar nombre de 30 calles que homenajeaban a franquismo.
Respecto a Morales la demanda detalla que él declaró el 2 de diciembre: “Hay una lucha política permanente que mantengo contra el Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y el Partido Socialista por su afán de borrar cualquier vestigio del franquismo”.
En consecuencia, a juicio de Ranz, estos hechos apuntan a un posible delito de sedición, que en base al artículo 544 del Código Penal español, contempla un castigo con la pena de prisión de ocho a 10 años, y con la de 10 a 15 años, si fueran personas constituidas en autoridad, además de una inhabilitación de cargos públicos.
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