Los abogados de la infanta Cristina de Borbón interpusieron el miércoles un escrito formal de "protesta" ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, tras la decisión de este órgano judicial de mantener a la hermana del monarca como acusada por cooperar en dos delitos fiscales en el juicio del caso Nóos, en el que también está acusado su esposo, Iñaki Urdangarin.
Miquel Roca y Jesús Silva, letrados de la infanta, presentaron el escrito alegando que la decisión del tribunal de seguir el procedimiento contra su defendida supone "una vulneración del derecho de defensa, de la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías".
No ocultan que presentan esta "protesta" ante un posible recurso de anulación ante el Tribunal Supremo (TS): maniobra que, en cualquier caso, no librará a Cristina de permanecer durante doce días sentada en el banquillo y ser juzgada y, por tanto, condenada o absuelta.
También han formulado protestas las defensas del exvicealcalde de Valencia (este), Alfonso Grau; del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, y su esposa, Ana María Tejeiro, y del asesor fiscal Salvador Trinxet.
El pasado viernes la Audiencia de Palma decidió mantener a la infanta en el banquillo de los acusados en el caso Nóos, rechazando así la llamada doctrina ‘Botín’ del TS, por la cual no se permite juzgar a una persona por delito fiscal si solo actúa una acusación popular.
Las tres magistradas que juzgan el caso decidieron rechazar los argumentos de la defensa de la infanta, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, que el pasado 11 de enero solicitaron que se la excluyera del juicio en virtud de la llamada doctrina Botín, ya que consideran que el caso Nóos no se ajusta a la misma. Además respaldaron la legitimidad del sindicato Manos Limpias como acción popular para ejercer la acusación en solitario contra la infanta Cristina.
Cristina de Borbón ocupará, a partir del próximo 9 de febrero, la silla número 18 en el banquillo de los acusados del caso Nóos en el que su esposo figura como principal imputado.
Las pesquisas sobre el caso Nóos —trama de tráfico de influencias, evasión fiscal y desvío de fondos públicos de los Gobiernos autonómicos de Baleares (este) y Valencia y del Ayuntamiento de Madrid (capital)— arrancaron en julio de 2010 bajo secreto de sumario y se cerraron en mayo de 2015. El expediente del caso cuenta con 104 tomos, 45 000 folios y otros 30 000 folios de documentos anexos y está previsto que el proceso judicial termine el 30 de junio, después de 67 sesiones.
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