Miles de militares y fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) se personaron el domingo en la Asamblea Legislativa de El Salvador en apoyo de Bukele, que había convocado una sesión extraordinaria para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la fase III del Plan Control Territorial, un plan de seguridad contra las pandillas.
La presión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al Parlamento aumentó con el ingreso de dichas fuerzas, pero esa medida, en realidad, formaba parte de su llamamiento a la “insurrección”.
Los diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, se niegan a someterse a los dictados del Gobierno. En respuesta, Bukele, amparándose en el artículo 87 de la Constitución relativo a la “insurrección”, convocó el domingo a sus simpatizantes a manifestarse ante el Parlamento en una “concentración ciudadana”, y llamó a la “insurrección” para obligar a la Asamblea Legislativa a que aprobara su propuesta.
Dicho artículo establece que el pueblo tiene derecho a la insurrección para restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución.
Sin embargo, la oposición al mandatario sudamericano ha denunciado un intento de “autogolpe” de Estado en marcha con una ofensiva dirigida a la Asamblea Legislativa, y una grave transgresión a la democracia.
El junio del año pasado, Bukele asumió el poder como presidente de El Salvador, y en una ceremonia solemne aseguró que su Gobierno sería un “gobierno del pueblo”, pero, en realidad, ha adoptado una política similar a la Estados Unidos y completamente diferente a la de su antecesor, Salvador Sánchez Cerén.
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