“Creemos que es un asunto muy importante y extremadamente delicado”, dice al diario israelí The Jerusalem Post, en su edición de este lunes, un abogado instalado en Tel Aviv en los territorios ocupados. La ley en cuestión, reconoce, forma parte de los esfuerzos europeos por combatir el lavado de dinero negro, la evasión de impuestos y la financiación de actividades terroristas
Creemos que es un asunto muy importante y extremadamente delicado”, reconoce el abogado Oliver Harris del bufete israelí Trevor Asserson.
Desde el 1 de enero, Londres ha comenzado a exigir a las compañías que operen en su suelo que hagan públicos los nombres de las “personas con control significativo” en su seno, ya sea de manera directa o indirecta, y tanto legalmente como de facto.
Aunque la medida no está en principio dirigida contra el régimen de Tel Aviv, el abogado Oliver Harris del bufete Trevor Asserson considera que “es un golpe de suerte para el BDS” (siglas del movimiento internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones al régimen israelí) y “le hará la vida mucho más fácil” a la hora de identificar y denunciar a las empresas israelíes.
En gran parte del mundo, explica el abogado, “muchas compañías israelíes usan el Reino Unido como puerta de entrada para desarrollar sus redes en todo el planeta” y ocultan su carácter israelí designando a británicos en “todos” sus puestos directivos, de modo que “resulte difícil encontrar nada israelí en la compañía”.
Pero la nueva ley causará, prevé Harris, una “conciencia cada vez mayor de qué compañías son israelíes, y por tanto una capacidad creciente para boicotearlas. Cuanto más se trate el asunto, más se producirá un círculo vicioso, más conciencia, más capacidad para encontrar…”, apunta.
Para los ya implicados en la lucha antisionista, la ley supondrá una importante economía de esfuerzos a la hora de identificar a sus blancos, pero lo que más preocupa al abogado es que también las personas hostiles al régimen israelí, pero que hasta ahora no habían dado el paso de actuar, tenderán a sumarse al boicot al recibir la información sin siquiera buscarla.
Del mismo modo, la ley hará que se sumen al boicot a Israel empresas que hasta ahora eran clientes o proveedores de compañías israelíes, que podrían perder negocio si mantienen sus tratos con las compañías que ahora serán identificadas.

La ley británica de Transparencia y Confianza obliga a las compañías a hacer público en el próximo mes de abril un registro de personas con control significativo, que incluye cuatro categorías de personas:
1) Poseedores directos o indirectos de más de un 25 % de acciones o derechos de voto en la compañía; 2) derecho a designar o destituir, de modo directo o indirecto, a la mayoría de la junta directiva; 3) una influencia significativa (o derecho a ejercerla) sobre la empresa; 4) influencia o control significativos (o derecho a ejercerlos) sobre personas que cumplen alguno de los requisitos anteriores.
Todo ello, además, de forma individual o como cotitular del derecho o acción en cuestión, según explicaba en junio del año pasado, días antes de aprobarse la medida, el jurista Nick Foss-Pedersen.
Oliver Harris propone a las empresas israelíes, para seguir ocultándose a ojos de los británicos y, a través del Reino Unido, de todo el mundo, que “prolonguen la línea de intermediarios” o que cedan acciones a testaferros de otras naciones para que la empresa “parezca ser una compañía multinacional de muchos países, que simplemente tiene algunos negocios en Israel igual que los tiene en muchos otros lugares”.
Aunque las compañías podrían trasladarse a países más opacos, el representante del bufete israelí señala que “muchas” están esperando a ver los efectos de la medida, con la esperanza de que las cosas no se les pongan tan feas como parece.
El movimiento BDS, lanzado en julio de 2005 por un grupo de organizaciones palestinas tras la Segunda Intifada, experimentó un crecimiento internacional significativo tras la campaña de bombardeos israelíes contra Gaza de julio y agosto de 2014, que dejó 2300 víctimas, según cifras del Ministerio palestino de Sanidad, e inmensos daños a las infraestructuras gazatíes, cuya reparación es dificultada por el asedio continuo a la Franja.
A inicios de 2015, el régimen israelí y sus redes de apoyo transnacionales, alarmados por el éxito del BDS, comenzaron a organizar una campaña contra el derecho a boicotear a Israel.
La visibilidad de las compañías y productos israelíes es un requisito fundamental para su boicot, por lo que el régimen de Tel Aviv trata de impedir que incluso grandes bloques de países como la Unión Europea (UE) apliquen su propia normativa de etiquetado y no distingan los productos de las explotaciones israelíes instaladas en partes de Palestina y Siria ocupadas desde 1967, cuya ocupación ilegal reconoce la UE.
Esta cuestión llevó al régimen israelí a suspender la cooperación diplomática con la UE “en todo lo relativo al proceso diplomático con los palestinos” el pasado 29 de noviembre.
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