“Estamos anunciando una medida conjunta entre los Departamentos de Estado y del Tesoro que designan a 14 personas y tres entidades” iraníes como responsables de la supuesta “interrupción del internet y la represión” de los manifestantes, ha dicho este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.
El nuevo paquete de sanciones es anunciado “40 días después” de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años —ocurrido en un hospital en Teherán después de su detención por la Policía—, según anuncia el Tesoro. Elegir esa fecha parece ser una medida deliberada del Gobierno estadounidense para incitar a más violencia y odio en Irán.
El subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, ha calificado de “valientes” a los alborotadores que han destruido bienes públicos y privados y atacado ambulancias, comisarías, y mezquitas, entre otras instalaciones públicas.
El Departamento de Estado, a su vez, ha acusado, sin prueba alguna, al Gobierno iraní de “censura, vigilancia y actividad cibernética maliciosa contra el pueblo iraní”.
Se trata del tercer paquete de sanciones impuesto por EE.UU. desde el inicio de los disturbios bajo el pretexto de las violaciones de los derechos humanos y la supuesta represión de las protestas. Las anteriores tandas de embargos se aplicaron el 22 de septiembre y el 6 de octubre.
A pesar de que un informe de la Medicina Forense de Irán concluyó que Amini falleció debido a una falla orgánica múltiple causada por hipoxia cerebral, no por golpes en la cabeza, el Occidente, encabezado por EE.UU., ejerce una campaña de propaganda y desinformación para incitar a violencia, con el objetivo ulterior de desestabilizar el país persa.
El Gobierno iraní ve las huellas de EE.UU. e Israel en los disturbios, y cuestiona el doble rasero de Washington en los derechos humanos y le exige que “en lugar de derramar lágrimas de cocodrilo” por el pueblo iraní, “acabe con el terrorismo económico” que vive la nación.
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