En la carta secreta de 20 páginas dirigida al fiscal especial Robert Mueller, los abogados de Donald Trump aseguran que el mandatario no puede ser obligado a testificar y arguyen que no pudo cometer obstrucción a la justicia debido a que cuenta con autoridad absoluta sobre todas las investigaciones federales.
La existencia de la misiva, que fue reportada y publicada el sábado por el diario The New York Times, supone, según los medios, una “atrevida aserción de poder presidencial” y otro intento por parte de los abogados para argumentar que el presidente norteamericano no puede ser citado a testificar sobre la pesquisa actual de la fiscalía especial respecto a la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, rechazada sistemáticamente por Moscú.
Los abogados argumentan en la carta –fechada el 29 de enero y escrita por John Dowd, uno de los abogados de Trump en ese momento y quien ya renunció a su equipo legal– que el cargo de obstrucción ilegal es irrelevante debido a que la Constitución de EE.UU. le otorga al presidente el poder de, “si así lo desea, poner fin a la indagatoria, o incluso ejercer su poder de indulto”.
Trump no tardó en reaccionar a la filtración. “¿Será que la fiscalía especial/Departamento de Justicia está filtrando las cartas de mis abogados a la prensa de noticias falsas?”, cuestionó en un tuit, en el que además preguntó “¿cuándo llegará a su fin esta costosa y falsa cacería de brujas, tan mala para nuestro país?”.
Mueller ha citado al presidente para determinar si hubo intención penal de obstruir la investigación sobre los posibles vínculos de sus allegados con la interferencia electoral rusa. Aunque el presidente estadounidense dice estar dispuesto a una entrevista, su equipo legal, encabezado por Rudy Giuliani, ha expresado preocupación pública y privada de que Trump podría arriesgarse a ser acusado de perjurio.
Si Trump no accede a una entrevista, Mueller tendrá que decidir si proseguir con un citatorio sin precedentes ante el jurado investigador. Giuliani ha asegurado que el equipo legal del mandatario cree que la fiscalía especial no cuenta con la autoridad para ello.
snr/anz/mkh/hnb
