En una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), publicada el viernes, José Manuel Albares dijo que una medida de este tipo enviaría “un mensaje” claro a Israel por el genocidio que sigue cometiendo en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, y que ha dejado al menos 64 300 palestinos muertos.
Hizo hincapié en la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para responsabilizar a la entidad hebrea y detener la guerra en Gaza. “Estoy a favor de utilizar todos los medios a nuestro alcance para que esta guerra llegue a su fin”, remarcó.
Sus declaraciones se produjeron en medio de masivas protestas que han interrumpido la carrera, incluyendo la cancelación de la 11.ª etapa en Bilbao. Previamente, los manifestantes propalestinos también bloquearon la participación del equipo en la contrarreloj de la 5.ª etapa en Figueres.
Albares sostuvo que, si bien estaría a favor de su exclusión del equipo israelí de la carrera, la decisión final recae en la Unión Ciclista Internacional (UCI), el organismo rector de este deporte.
El ministro de Exteriores también enfatizó que España no podría mantener sus relaciones con Israel en circunstancias normales, y añadió que la comunidad internacional debe enviar un mensaje claro a Israel en respuesta al genocidio en curso en Gaza.
La presión política en España también se ha intensificado. Durante la semana inaugural de la Vuelta, el partido Izquierda Unida instó públicamente a los organizadores a excluir a Israel-Premier Tech, denunciando las acciones genocidas de Israel en Gaza como motivo de descalificación.
Las protestas en torno a la prueba ciclista forman parte del cambio de política general de España hacia Israel en los últimos años. En mayo de 2024, España, junto con Irlanda y Noruega, reconoció formalmente el Estado de Palestina y en junio del mismo año se sumó oficialmente al proceso judicial de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por el genocidio en Gaza.
España ha instado también una y otra vez a la Unión Europea a reconsiderar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, alegando que el ataque israelí a Gaza infringió la cláusula de derechos humanos del acuerdo.
El Gobierno español ha tomado medidas adicionales, incluyendo la suspensión de las licencias de exportación de armas a Israel desde noviembre de 2023, alegando la preocupación de que las ventas militares puedan contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza.
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