El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este martes las nuevas medidas restrictivas impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra cinco entidades relacionadas con el grupo empresarial estatal GAESA y sectores industriales y mineros del país.
El canciller cubano afirmó que estas acciones integran una estrategia de presión económica prolongada sobre la isla y buscan profundizar el impacto del bloqueo.
Rodríguez calificó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de “deshonesto y mendaz”, y aseguró que la política impulsada desde Washington constituye una forma de castigo colectivo contra la población cubana.
“Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”, declaró el jefe de la diplomacia cubana en referencia a Rubio.
Las sanciones forman parte de una política de “asfixia económica” que busca debilitar al país mediante restricciones financieras y comerciales.
Las medidas afectan a entidades como Rafin, el Banco Financiero Internacional, Almacenes Universales, así como a la empresa estatal Geominera y a la Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), uno de los principales complejos industriales del país.
Washington incluyó además nuevas restricciones contra personas vinculadas al entorno político cubano, lo que ha sido interpretado por La Habana como una ampliación del alcance extraterritorial de las sanciones.
El Gobierno de Estados Unidos justifica estas acciones por motivos de seguridad nacional y lucha contra supuestas actividades ilícitas, aunque Cuba sostiene que se trata de una intensificación del bloqueo económico.
Rodríguez afirmó que las consecuencias de estas políticas se reflejan en la escasez de combustible, los apagones y las dificultades del sistema productivo en la isla.
Desde enero, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba y ha reforzado el embargo con nuevas medidas financieras, energéticas y comerciales. La Casa Blanca sostiene que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Cuba considera las medidas como un intento deliberado de provocar hambre, colapso económico y desesperación social. La Habana ha acusado a Washington de aplicar una política genocida contra la isla.
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