En un comunicado emitido este viernes, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha confirmado que 21 miembros del Ejército colombiano y un civil admitieron su responsabilidad en el asesinato extrajudicial de al menos 247 personas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.
Estas ejecuciones perpetradas por el Ejército, también llamadas “falsos positivos”, habrían ocurrido en las zonas de El Catatumbo, donde fueron asesinadas 120 personas, y en la Costa Caribe, lugar en el que se contabilizan al menos 127 víctimas mortales.
El miembro del Ejército de mayor rango fue el general Paulino Coronado, quien reconoció su participación en “falsos positivos”. Además de él, 11 oficiales, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de las víctimas mortales. De todos los imputados, solo cuatro no reconocieron su responsabilidad.
Los involucrados también ampliaron sus versiones de los hechos, expresaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer la verdad, detalló la instancia judicial. Uno de los puntos clave es que algunos militares aportaron nuevas pruebas que serán usadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para las investigaciones correspondientes.
Para la magistratura, el reconocimiento de estos crímenes por parte de sus autores es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa el “sistema de incentivos condicionados” en el que se funda este sistema de justicia transicional.
Según la JEP, este año han sido imputados 25 miembros del Ejército y un civil por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen delitos de lesa humanidad.
De acuerdo a esa jurisdicción, instancia creada tras los acuerdos con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que indaga los crímenes tanto de los exguerrilleros como los agentes del Estado, esos crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos.
Los ‘falsos positivos’ fueron perpetrados mayoritariamente entre 2002 y 2010, durante los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor a la negociación de paz con la guerrilla de las FARC. La JEP estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6400 víctimas de estos crímenes.
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