El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) programó una reunión para escuchar a la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Añez en la ciudad de La Paz, capital administrativa. Al poco de conocer la convocatoria, la exmandataria pidió que el encuentro se realice en otra región que no sea la sede del gobierno, porque en esta ciudad recibió múltiples amenazas.
“Teniendo en cuenta la fecha en que los expertos y expertas se volverán a reunir en La Paz, el GIEI tiene a bien reunirse con usted el próximo lunes 14 de diciembre a las 8:00, en el hotel Atix de la Zona Sur de La Paz”, detalla el correo electrónico que le envió a Áñez el grupo de expertos.
Personas allegadas a la exjefa de Estado señalaron que ella pidió cambiar la sede del encuentro por “intimidaciones” que recibió en La Paz. Hace semanas afirmó que procedían del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por ese motivo pidió al grupo de expertos considerar su petición.
La misma Áñez solicitó la reunión con el GIEI en una misiva oficial donde argumentaba que la petición de audiencia está en conformidad con los derechos humanos consagrados en el pacto de San José de Costa Rica, donde se establece la igualdad de todos ante la ley y que tiene el derecho a ser oída con todas las garantías necesarias.
“Es imprescindible que el Grupo Internacional de Expertos Independientes me reciba en audiencia para exponer y presentar todas las pruebas que el actual Gobierno quiere ocultar y que no sea de conocimiento de los Expertos”, sostiene Áñez en su nota enviada al GIEI.
La comisión de la CIDH llegó a Bolivia el 27 de noviembre e inició su trabajo de investigación sobre los hechos de violencia registrados en el país entre septiembre y noviembre de 2019 en el marco de las protestas poselectorales y las masacres de Sacaba y Senkata.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia pidió el 29 de octubre un juicio de responsabilidades contra Áñez en “hechos ilícitos identificados” y las masacres de manifestantes ocurridas en los primeros días de su mandato.
El gobierno de facto de Áñez se instaló en el poder después de la salida del expresidente Evo Morales, que se vio obligado a renunciar a su cargo el 10 de noviembre de 2019 debido al golpe de Estado perpetrado por la derecha y apoyado por Estados Unidos.
A pesar de tener el deber de reponer el orden constitucional tras el golpe de Estado, Áñez se centró durante su mandato transitorio en acabar con el izquierdista Movimiento Al Socialismo, partido de Morales, y poner fin a la vida política de este expresidente popular.
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