El jueves, en un contundente revés para el proyecto de ajuste extremo del presidente de Argentina, Javier Milei, el Congreso nacional dejó sin efecto legal cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) que pretendían desmantelar áreas estratégicas del Estado.
Entre los decretos rechazados se encuentra uno que desregulaba la marina mercante y limitaba el derecho a huelga, una medida claramente lesiva para los trabajadores. También, se invalidó la disolución de Vialidad Nacional y la transformación de organismos clave de ciencia y tecnología como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el INTA y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), reconvirtiéndolos en meros apéndices del Ministerio de Economía y desvirtuando su función social.
El Senado también derogó decretos que pretendían alterar la misión del Banco Nacional argentino de Datos Genéticos y desmantelar la estructura de organismos culturales emblemáticos, como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, considerados pilares de la identidad argentina.
Todos estos decretos fueron emitidos en el marco de la política de ajuste fiscal y reducción del Estado que Javier Milei ha impulsado desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2023, como parte de su estrategia para liberalizar la economía y recortar el gasto público. Esta derrota legislativa evidencia la firme oposición que suscitan las políticas de shock que desoyen las demandas populares.
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