Los manifestantes se congregaron el sábado en el centro de Bueno Aires (capital) y marcharon hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo, coreando consignas y cánticos, además de expresar su indignación por la posible excarcelación de los exmilitares condenados por los crímenes que protagonizaron durante el fatal golpe militar.
“Ni un paso atrás, ni un genocida suelto”, gritó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, oradora principal del acto en la capital, frente a la casa de Gobierno, citada por la agencia francesa de noticias AFP.
Las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos de desaparecidos, Familiares de expresos políticos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que estaban al frente de las marchas, emitieron un comunicado conjunto, en que denunciaron “los retrocesos en las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del Gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas”.
Ni un paso atrás, ni un genocida suelto”, gritó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, oradora principal del acto en la capital, frente a la casa de Gobierno argentino.
Cobertura de la Marcha del #24deMarzo desde el camión de las #MadresDePlazaDeMayo https://t.co/qUI1Np4rOZ
— Prensa Madres (@PrensaMadres) March 24, 2018
El nombre de Alfredo Astiz, conocido como “El Ángel de la muerte” y condenado a cárcel de por vida por los crímenes que cometió durante ese periodo negro, apareció la semana pasada en una lista del Gobierno de posibles beneficiados con prisión en su casa por razones de salud.
El listado aparecen 1436 internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de prisión, según el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Más de un centenar de los posibles beneficiados son represores de la dictadura con condena firme.
En respuesta, la líder de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, declaró a radio La Patriada que “el mayor despropósito del gobierno es querer liberar a genocidas de hechos aberrantes que no deberían repetirse nunca más y tienen que ser castigados”.
Actualmente, hay más de 2000 personas imputadas por diversos delitos de lesa humanidad y más de 700 sentenciadas, la mayoría de ellas, si no han muerto, siguen en la cárcel.
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