La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes, por unanimidad, un acuerdo en el que declara persona “non grata” a la primera ministra de Trinidad y Tobago por adoptar “una postura guerrerista” al autorizar ejercicios militares de Estados Unidos en su territorio, en medio del despliegue naval que Caracas acción que Caracas considera una provocación y una amenaza a su soberanía.
La iniciativa, presentada por la diputada chavista Iris Varela, acusa a la jefa del Gobierno trinitense de “formar parte de un plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano”.
Durante la sesión, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, lanzó duras críticas contra la mandataria trinitense, al afirmar que “se arrastra como los gusanos” por permitir que Washington utilice su país como plataforma militar. “Venezuela ama al pueblo de Trinidad y Tobago, pero ese Gobierno es deleznable, una basura”, agregó.
Rodríguez advirtió que Venezuela actuará “en los ámbitos legislativo, político, económico y social” para exigir respeto, y sostuvo que “no se mantendrán acuerdos que beneficien a Trinidad y Tobago si ese país se convierte en agente de agresión contra la nación venezolana”.
Asimismo, el Parlamento solicitó al Ejecutivo trinitense desligarse públicamente de las “peligrosas e irresponsables provocaciones bélicas” impulsadas por Estados Unidos, con el fin de preservar las históricas relaciones de hermandad entre ambos países.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago negó que las maniobras conjuntas con la Armada estadounidense tengan fines hostiles contra Caracas y aseguró que su objetivo es reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
Las tensiones entre Venezuela y Trinidad y Tobago se intensificaron tras la denuncia del Gobierno de Nicolás Maduro sobre una “provocación militar” coordinada entre Trinidad y Tobago y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. Caracas acusó a ambos de intentar “instalar una guerra en el Caribe” y propiciar un “cambio de régimen” en el país suramericano.
En respuesta a esas maniobras, el Ejecutivo venezolano anunció la suspensión de los convenios energéticos con Trinidad y Tobago, mientras el Parlamento reafirmó su posición de rechazo ante cualquier acción extranjera que amenace la soberanía nacional. Las autoridades trinitenses, por su parte, han insistido en que los ejercicios con la Armada estadounidense buscan solo fortalecer la cooperación en materia de seguridad.
mep/hnb
