Desde el 10 de noviembre, cuando finalizó una moratoria no oficial de cerca de 21 meses a la aplicación de la pena capital en Arabia Saudí, “17 hombres han sido ejecutados por lo que son descritos como delitos de drogas y contrabando, con tres ejecuciones el lunes”, ha dicho este martes la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
Throssell, que ha calificado de “casi diarias” las ejecuciones en Arabia Saudí, ha objetado que la imposición de la pena de muerte por delitos de drogas “es incompatible con las normas internacionales”.
Asimismo, ha alertado de la falta de información sobre el número de las personas que “pueden estar en el corredor de la muerte”, pues las ejecuciones en el reino árabe sólo se confirman después de que se produzcan.
Los ajusticiados han sido de Siria, Pakistán, Jordania y Arabia Saudí, ha dicho Throssell, elevando el número total de ejecuciones en el país árabe a 144 solo en lo que va del inicio del año en curso.
Organizaciones pro derechos humanos alzan la voz de alerta ante el accionar de Riad a la hora de ordenar ejecuciones masivas y condenar a muerte a presos tras juicios injustos y sobre la base de confesiones obtenidas con tortura y malos tratos.
Esto mientras que ha ido en aumento el arresto de activistas, blogueros, intelectuales y otros por su activismo político en el reino árabe, desde que el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman, se convirtió en el líder de facto del reino árabe en 2017.
Amnistía Internacional (AI) acusa a los Al Saud de utilizar la pena de muerte como un arma política contra los disidentes.
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