La directora de Amnistía Internacional para Estados Unidos, Daphne Eviatar, afirmó que “el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación” y denunció que la operación constituye “una clara violación del derecho a la vida”.
Eviatar destacó que, según el Derecho Internacional, la fuerza letal solo puede emplearse de manera inevitable para proteger la vida y cuando no existan alternativas.
La ONG exigió además una investigación “rápida, completa, independiente, imparcial y transparente” sobre los hechos e instó al Gobierno de Washington a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales.
El ataque aéreo se dirigió a una embarcación que había zarpado desde Venezuela y que, según la versión oficial de EE. UU., transportaba presuntos miembros del cártel del Tren de Aragua, dejando un saldo de once muertos.
Por su parte, las autoridades venezolanas rechazaron la versión de Washington y calificaron como “fabricadas con inteligencia artificial” las imágenes difundidas del ataque.
En las últimas semanas, Washington ha desplegado más de 4000 infantes de Marina, destructores, submarinos y buques de guerra en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, lo que ha intensificado la tensión con Caracas.
El Gobierno venezolano rechazó las acusaciones de narcotráfico y denunció que Estados Unidos busca emplear esa narrativa como pretexto para agredir al país. En respuesta, Venezuela inició un alistamiento militar y anunció el despliegue de drones y patrullajes fluviales para reforzar la defensa nacional.
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