Tal y como reza el texto de la transferencia de poderes publicado el lunes en la Gaceta Oficial, el jefe de Estado Nicolás Maduro tomó tal decisión en función de que “es deber del Ejecutivo nacional velar por la celeridad, eficiencia y eficacia de la Administración Pública”.
“La delegación en el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela representa una figura jurídica que permitirá agilizar el trámite en materias sujetas a la decisión del Primer Mandatario nacional”, agrega la nota.
La delegación en el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela representa una figura jurídica que permitirá agilizar el trámite en materias sujetas a la decisión del Primer Mandatario nacional”, indica la nota publicada en la Gaceta Oficial.
A partir de la publicación del texto, El Aissami tiene potestad de efectuar traspasos presupuestarios entre ministerios, rectificar presupuestos ministeriales, prorrogar la supresión o liquidación de entidades estatales y designar viceministros.
El vicepresidente venezolano, que ocupa el cargo desde enero, también tiene facultades para dictar decretos de expropiación, liquidar entes descentralizados, aprobar puntos de cuentas ministeriales, dictar decretos autorizados previamente por el jefe de Estado y exonerar parcialmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras responsabilidades.
El Aissami está al frente del llamado "comando antigolpe", un grupo integrado por varias figuras fuertes del chavismo que tiene por objeto contrarrestar presuntos planes desestabilizadores de la oposición, que lo acusa de actuar con mano dura.
No obstante, según analistas, el empoderamiento de El Aissami busca elevar el perfil del funcionario de cara a una eventual candidatura presidencial.
La delegación de poderes a El Aissami, de acuerdo con analistas, se enmarca en el contexto de la crisis venezolana, pues de ser revocado mediante un referendo, Maduro sería reemplazado por su vicepresidente durante el tiempo que le reste de mandato. El período finaliza en enero de 2019.
La oposición exige que se reanude el proceso —suspendido el 20 de octubre de 2016— para realizar el referendo que sacaría del poder a Maduro, pero el oficialismo acusa a la oposición de promover un golpe de Estado.
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